domingo, 31 de enero de 2010

La privatización de la sanidad ¿hasta cuándo?. Ricardo Campos

Parece ser que, pese a la propaganda oficial, el recién inaugurado hospital de Manises —gestionado por una empresa privada— no está despertando mucho entusiasmo entre los usuarios de la sanidad pública que han sido agraciados para ser atendidos de sus dolencias sanitarias en dicho centro.

Más de una década lleva funcionando este modelo de asistencia sanitaria en el ámbito de la Comunitat Valenciana. Hasta el momento, sin embargo, aún no se han despejado las dudas planteadas desde el nacimiento de este sistema por buena parte de los usuarios y también de la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras del sistema sanitario público. Y las dudas surgen porque, sin cuestionar de antemano las afirmaciones de los responsables políticos del Partido Popular —Dios nos libre— que aseguran que «son infinitas las bondades de este modelo», no acompañan dichas afirmaciones con los datos suficientes y concluyentes que acaben con las reticencias a ese sistema de gestión privada, también conocido como modelo Alzira.

Desconozco por qué si el sistema es tan bueno y eficiente, tan moderno él, no lo demuestran con estudios que comparen un departamento sanitario gestionado por una empresa privada con otro, de características semejantes, con gestión pública directa. Es difícil entender cómo estos defensores a ultranza de lo privado como paradigma de modernidad y eficiencia no utilizan esos métodos de estudio comparativo y cierran de esta forma el debate público-privado en la gestión de la sanidad pública.

Después de tantos años, y con la progresiva extensión del modelo Alzira a otros hospitales, como son además de Manises, el de Torrevieja y Dénia, ya empieza a resultar sospechoso que no se hagan públicos estudios serios al respecto. Y digo serios. No esas afirmaciones de los políticos del PP, que parece que no admiten discusión, del estilo de «es el mejor sistema». ¿Pudiera ser que no dispusieran de esos estudios? Sería grave.

Unos gestores que pretenden ser serios deben hacer estudios acerca de la eficacia de su gestión de forma ininterrumpida. ¿Pudiera ser, en cambio, que los tengan y, al ser contrarios a sus afirmaciones, no los hagan públicos? Sería aún más grave. Su misión es gestionar la forma de prestar un derecho constitucional básico, el derecho a la Salud (con mayúsculas), con el dinero que proviene de los impuestos de toda la ciudadanía y, por tanto, si el sistema no es más rentable que la gestión pública, hay que dar marcha atrás, reconocer el error y administrar de otra forma. Legalmente dudo de que, si se poseen datos y son adversos, sea lícito mantener y extender este sistema con la contumacia que se hace.

Pero igual no interesa dar marcha atrás porque quizás, en el fondo, se trata de un inmenso negocio económico de unos pocos con la salud y el dinero de todos. De ser así, dejaría de ser una leal colaboración del sector sanitario privado con el sector público y pasaría a ser una parasitación salvaje de la sanidad pública por ciertos grupos económicos cuyo único interés es hacer negocio con la salud.

Creo que ya va siendo hora, si queremos mantener nuestro sistema autonómico de salud, de que se hagan públicas las cuentas de los hospitales públicos gestionados por empresas privadas.



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